Sobre la responsabilidad de las constructoras

Responsabilidad civil y penal de las personas morales

Es común que las personas morales no actúan por persona específica o uno solo de sus miembros, sino que, por su propia naturaleza requieren emplear varias personas a fin de cumplir con sus obligaciones.

En este sentido, las personas morales son responsables, por un lado, civilmente, de los daños y perjuicios que causen sus representantes legales en el ejercicio de sus funciones; por otro lado, penalmente, los directores, gerentes, administradores y demás representantes de las personas morales, responden en lo personal de los hechos delictuosos que cometan en representación de la sociedad.

Responsabilidad civil y penal de las constructoras

En este sentido, la responsabilidad de las constructoras deriva de las acciones u omisiones de sus representantes. Así, la responsabilidad civil es la obligación generada por el hecho ilícito que se traduce en la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados con motivo de aquél.

Por ejemplo, el artículo 839 del Código Civil para el Distrito Federal establece una restricción al derecho de propiedad, que consiste en que no se deben hacer excavaciones o construcciones en un predio que debiliten el sostén del suelo del predio vecino; en esa disposición no se prohíbe la edificación de construcciones pesadas, sino que determina la obligación a cargo del constructor, para que realice obras de consolidación para evitar la generación de daños.

De igual manera, el artículo 1913 del Código Civil para el Distrito Federal acoge la teoría de la responsabilidad objetiva, al prescindir del concepto de culpa en la conducta del agente que realiza el hecho o incurre en la omisión, de modo que basta que la persona haga uso de mecanismos, instrumentos o sustancias peligrosas por sí mismos o por su peso, para que esté obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente.

Conforme a tal teoría, la diligencia exigida al constructor es más específica, porque el especialista en construcción está obligado por de sus conocimientos, así como por la garantía técnica y profesional que implica su intervención en una obra.

Esta diligencia incluye, entre otras cosas, el deber de conocer y estudiar las condiciones del terreno sobre el que edifica o excava y el deber de estudiar los mecanismos de consolidación necesarios para que la construcción que realice no haga perder el sostén necesario al suelo de la edificación inmediata, además determinar el método de construcción que debe emplear a fin de evitar que la carga genere desplazamientos; por ello, si se ejecuta alguna construcción al margen de las disposiciones a que deben sujetarse las obras de construcción en la Ciudad de México, existe la obligación de indemnizar al propietario de la edificación dañada, por el uso incorrecto de los conocimientos técnicos indispensables exigibles a las constructoras.

Artículo recuperado desde: elempresario.mx

 

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